La ideología de los recortes

En su libro El valor de educar, publicado en 1997, el filósofo Fernando Savater afirma que uno de los baremos para medir el grado de desarrollo de una sociedad se encuentra en el trato y en la consideración que dicha sociedad brinda a sus maestros. Hoy por hoy, la consideración hacia todo el sistema educativo español -y no sólo hacia el profesorado-, se podría interpretar con la decisión del Gobierno central de recortar su inversión en unos 3000 millones de euros, por medio de medidas como aumentar el número de alumnos por aula, ampliar las horas lectivas y no cubrir las bajas de más de quince días -prescindiendo con ello de gran parte del personal interino-, así como subir considerablemente el coste de las matrículas en las universidades públicas. Pero encontramos otros signos relevantes de esa consideración en las maneras que ha tenido el Ejecutivo de desplegar la resultante de sus cálculos, sin haber dado opción a la comunidad educativa de participar en el proceso y de ofrecer alternativas. Ni siquiera se ha podido mirar a la calculadora mientras el ministerio llevaba a cabo las operaciones matemáticas que, al final, van a repercutir en el pilar más importante de una sociedad avanzada.


Las presiones de Bruselas en torno a la reducción del déficit público, unidas al argumento de la herencia recibida por obra del gobierno saliente, han cargado de razones al ministro José Ignacio Wert, hasta el punto de reconocer en el Senado que ha tenido que traspasar algunas líneas rojas en materia educativa para resolver el desaguisado. Ahora las consecuencias van descendiendo en cascada: las comunidades autónomas -la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular, y en posesión de las competencias educativas desde hace tiempo- deben enfrentarse a la ejecución de los planes gubernamentales. En la Comunidad Valenciana, el director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, José Miguel Saval, afirmó la semana pasada que el gobierno valenciano aumentará hasta cincuenta mil el número de becados universitarios, y en una reunión con los representantes estudiantiles de las universidades públicas de Castellón, Valencia y Alicante, se comprometió a que ningún universitario se quede sin beca el próximo curso por cuestión de renta. Sin embargo, a la petición de que el Consell aplique la subida mínima de tasas que contempla el Real Decreto del Gobierno central, Saval se vio en la obligación de retomar el estribillo incontestable del Gobierno de Rajoy: no se puede variar la exigencia de reducción del déficit.


Más abajo, los profesores, los alumnos y sus padres serán los que carguen sobre sus hombros el peso de decisiones tomadas a miles de kilómetros por personas a las que no han tenido ocasión de elegir mediante su voto, mientras la popular cita latina de “mens sana in corpore sano” sigue desmoronándose bajo nuestros pies. Y lo peor es que, cuando las consecuencias de todos los recortes comiencen a salir a la luz, no habrá lugar para la rectificación. Se puede virar el rumbo de la nave con un simple Real Decreto, pero una vez que se extravíe, enderezarla para volver al camino adecuado costará mucho más tiempo y esfuerzo. En los últimos meses han ido elevándose cada vez más voces en contra de la espiral de recortes en educación, empujadas también por decisiones gubernamentales en otros ámbitos que hacen muy difícil sostener los argumentos que los justifican. Si aplicamos una visión de conjunto sobre todas estas medidas, podemos intuir un trasfondo ideológico que, a diferencia de la reducción del déficit público, sí se puede rebatir.